Ejes Sociales y Ambientales

La Consulta Popular comprende tiene afectación directa sobre las 6 parroquias donde se concentra casi el 80% del Chocó Andino, zona denominado Reserva de la Biosfera debido a su alta biodiversidad, pero que además cuyos servicios ecosistémicos brindan a las áreas urbanas de captura de carbono, así como también provee de vertientes de agua limpia para la ciudad.    

En las parroquias rurales, cuya principal amenaza fue la expansión urbana por sobre áreas protegidas, en las últimas décadas se vienen enfrentando sus comunidades con la intervención de proyectos de minería metálica, principalmente de oro y cobre.  Tales proyectos generan una escalada en la conflictividad, incertidumbre y deterioro del tejido social.  

Aproximadamente son 18.000 habitantes quienes están en las 6 parroquias de incidencia directa y cerca de 3 millones de habitantes de forma indirecta, cuya economía en las áreas rurales del Chocó Andino se basa en la agricultura y ganadería, sin embargo, desde hace algunos años el turismo se va constituyendo como una actividad que genera dinamismo económico y fuentes de empleos.  Cerca de 25% de toda la oferta turística de Ecuador se concentra en Quito y sus zonas rurales.

En contraste, desde el 2009 se han ido levantando estudios de campo sobre el potencial minero en todo el territorio. Uno de los más completos es el estudio del 2015 puesto a disposición por parte del Ministerio de Recurso Naturales No Renovables. En el cual Ecuador dispone de un potencial catalogado como recursos mineros de: 36,9 millones de onzas de oro, 72,4 millones de onzas de plata, 8,1 millones de toneladas de cobre metálico, 28,471 toneladas métricas de plomo y 209.649 toneladas métricas de zinc.

Tal cuantificación del potencial minero propició el posponer y hasta dejar de lado la discusión sobre cuáles son los efectos culturales, sociales y ambientales con el petróleo, este siendo la principal industria extractiva del Ecuador. Ahora poniendo como la posta a la minería metálica como fuente primaria de divisas y garantía de deuda para futuros acuerdos financieros. Sin antes atender las implicaciones con las comunidades que se verían afectadas en sus territorios donde se pretenden realizar operaciones exploratorias cerca e incluso en algunos casos dentro de  áreas de protección y amortiguamiento de bosques primarios.   

Causas e impactos socioambientales

En general, toda industria tiene un impacto en el ambiente, más cuando se trata de inversión para la instalación de campos mineros de mediana y gran escala, cuando los factores de remediación ambiental en caso de contaminación, seguridad y no expulsión de comunidades de sus territorios donde habitan. Son los puntos coyunturales germinadores de enfrentamientos entre pobladores y empresas privadas donde el estado, lejos de resolver y contener el conflicto, lo intensifica.

En las áreas de influencia de la minería metálica, dentro de las 6 parroquias rurales se otorgaron 12 concesiones cuya licencia es únicamente de exploración, es decir, se permite proceder con la investigación de yacimientos mineros, más no su extracción y procesamiento de forma extensiva.  Sin embargo, las denuncias de extracción de material minero son numerosas y por ende un permanente estado de resistencia de las comunidades directamente afectadas. 

Actualmente, existen dos grandes conflictos como consecuencia de la presencia de empresas mineras en el territorio del Chocó Andino son:

1. Suministro y libre disponibilidad de agua limpia.

En la zona del Chocó Andino llueve aproximadamente 2000 mm al año, siendo esta un alto volumen de agua que proviene del Amazonas y abastece de agua a más de 150K de habitantes en Quito. 

Se mantienen actualmente 3 ríos limpios de nombre Alambi, Nono y Pichán, por donde fluye el suministro de agua tanto para la propia zona rural como la urbana.  Estos ríos, que fueron declarados de importancia por parte de los gobiernos locales, se encuentran amenazados por la presencia de concesiones mineras.  

Ya que el uso de agua en un proyecto minero es excesivo, tanto que en una mina de cobre puede llegar a ser de 12 m³/seg, que en relación con otras actividades estas se registran por debajo de 1,2  m³/seg

2. Riesgos de contaminación y desastre ambiental

Las actividades extractivas que iniciaron su actividad en otras regiones del Ecuador, no reportan informes sobre su impacto al ambiente, así como cambios respecto a los derechos colectivos de las comunidades. En general no existe un eficiente control de la actividad y por ende hay muchos grises al momento de otorgar una concesión externa o interna.   

Autoridades e instituciones involucradas

Para el abordaje de esta problemática socioambiental, hemos identificado que las instituciones involucradas son el Ministerio de Energía y Minas, a cargo del Dr. Fernando Santos Alvite como Ministro de esta cartera de estado, siendo el ministerio competente para hacer las evaluaciones y otorgar las concesiones mineras en las zonas antes mencionadas. 

Otra institución importante es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, actualmente a cargo del abogado José Antonio Dávalos; encargados de las licencias ambientales de los proyectos mineros. 

Finalmente, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a cargo actualmente del sociólogo Pabel Muñoz, quien entre sus competencias de regulación y control de uso de suelo y ordenanzas para la protección de las denominadas “Áreas de Conservación y Uso Sustentable – ACUS” se encuentran las 7 parroquias que serán consultadas. 

Desafíos: ¿quiénes se oponen a la consulta ambiental?

Principalmente, los intereses económicos de las empresas mineras, nacionales como ENAMI e internacionales como la chilena Codelco, quienes han buscado por varios medios mostrarse como una alternativa de desarrollo de bajo impacto ambiental. 

Existen actualmente 12 concesiones mineras en el territorio, la mayoría al este de la parroquia de Pacto. Otras poblaciones como Pacto Loma, La Delicia, Paraguas o el Progreso están también dentro de las zonas destinadas a la minería. Otras dos concesiones están en el sureste, cerca al río Pachijal. Dos concesiones más están al sur este, en la parroquia de Gualea y otras dos entre Nanegal, Nono y Calacalí. Las últimas siete aún están en trámites para otorgar los licenciamientos (el Universo, 2023a). 

Si bien las empresas no han solicitado en este escenario hacer una campaña directa en contra de la consulta popular, si lo han solicitado la Cámara de Minería del Ecuador y la Sociedad de Ingenieros del Ecuador (El Universo, 2023a). Adicional a estos grupos, cabe recalcar que existe una división comunitaria evidente de aquellos que reciben beneficios de las empresas mineras, o son trabajadores de las mineras, quienes en territorio se han encargado de dar la vuelta al discurso ambiental para posicionar a los trabajos como tema central de la consulta. 

Estudio de casos previos: Llurimagua y Los Cedros

Un precedente importante para esta consulta fue el fallo de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, la que en marzo de este año falló a favor de las comunidades de Intag, y lograron frenar el avance de la empresa minera chilena Codelco, obligándolos a suspender sus actividades hasta la realización de una consulta previa, tal y como menciona la constitución ecuatoriana. Este fallo reconoció que se vulneraron los derechos ambientales, marcando un precedente valioso frente a las transnacionales mineras en este sector (El Universo, 2023b). Este fallo tiene 3 componentes dignos de señalar y son: 

• El derecho a la consulta ambiental que está vigente desde 2008 y toda empresa debe cumplir con lo establecido en la Constitución

• Que las socializaciones no equivalen a una consulta ambiental previa, libre e informada. 

• Que la consulta ambiental no fue inventada en el fallo del caso Los Cedros, sino que solamente se dieron las pautas de cómo deben realizarse las consultas ambientales (El Comercio, 2023). 

Y pasamos al segundo caso de estudio previo es el del caso Los Cedros, mencionado en el punto anterior. Este caso se dio en diciembre del 2021, donde la Corte Constitucional falló a favor de la protección del Bosque Los Cedros, ya que las concesiones mineras vulneraron los derechos de la naturaleza, derechos al agua y a un ambiente sano, además de la consulta ambiental (GK, 2022). 

Este fallo, también histórico contra las mineras, llegó a la conclusión de que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición ecológica vulneró los derechos de la naturaleza al entregar concesiones mineras en un bosque protector, sin haber procedido con la consulta previa, libre e informada a las comunidades más cercanas a los proyectos mineros. 

Estas concesiones ocupaban un 60% del territorio del bosque. La corte ordenó a las empresas que lideraban los proyectos, ENAMI EP y Cornerstone que se abstengan de realizar cualquier tipo de actividad minera en la zona, con lo que tuvieron que salir de este frágil ecosistema. 

Las lecciones aprendidas en ambos casos se remiten a la meticulosidad del trabajo legal hecho por las organizaciones de base y aquellas que luchan por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. También tener una constitución y un marco legal que ampara los delitos contra la naturaleza como sujetos de derechos es un paraguas fuerte en el que las organizaciones pueden sostener los casos de protección ambiental. 

El apoyo de las comunidades y el trabajo de base es necesario para que los habitantes sean quienes exigen que se cumpla con la normativa ambiental. 

Finalmente, la perseverancia de las organizaciones, el aporte científico y de la academia son valiosos para demostrar los impactos reales a la biodiversidad, los cuales fueron acogidos por la Corte Constitucional como pruebas irrefutables del daño causado por las empresas mineras. 

Comunicación en medios masivos

A raíz del fallo de aceptación de la consulta popular, los medios de comunicación masiva han tenido que dar cobertura a los voceros de las organizaciones que están haciendo la campaña; sin embargo, como lo esperábamos, los medios masivos no son imparciales al hacerlo. Desde los canales oficiales se trata de dirigir al público a un discurso netamente económico, es decir, de las pérdidas de ingresos y trabajo, descartando así otros daños, especialmente los ambientales. 

Los medios masivos realizaron entrevistas y algunos programas de opinión los primeros días de campaña; sin embargo, ha ido disminuyendo la cobertura, ya que al tener elecciones anticipadas, la política y la comunicación se centra en los candidatos presidenciales, quienes también se han pronunciado sobre las consultas populares. 

Si bien no todos los candidatos han dado declaraciones oficiales, al menos 3 de ellos han asumido una postura ligeramente favorable a las preguntas ambientales, mientras que los otros no han sido claros en su decisión. 

Los medios alternativos de comunicación son quienes han trabajado más en esta consulta ambiental posicionándose a favor de la protección del Chocó Andino. 

2) MAPEO DE ACTORES 

Responsables de la situación actual y cómo solucionarlo

Como mencionamos anteriormente, las concesiones han sido trabajadas y aprobadas por las instituciones públicas de Energía y Minas, en conjunción con Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En principio serían las mismas instituciones quienes deberían velar por una correcta evaluación ambiental, no se puede confiar en los resultados finales debido a los intereses que están detrás. 

El colectivo Quito Sin Minería se forma con el objetivo de impulsar una iniciativa ciudadana que además de detener el avance de la minería y sus impactos en el Chocó Andino, también pretende dictaminar un precedente a nivel nacional para que otros territorios puedan ejercer su derecho a decidir en favor de proteger sus territorios.  Y después de presentar las solicitudes y trámites para consultar a los habitantes del DMQ, el Consejo Nacional Electoral revisa que el trámite cumple con todos los requisitos y autoriza la consulta popular el 20 de junio de 2023.

Las preguntas validadas para llevar a consulta popular: 

1. «¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a escala artesanal dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?»  Si (  ) No (  ) 

2. «¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a pequeña escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?»  Si (  ) No (  ) 

3. «¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a mediana escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?»  Si (  ) No (  ) 

4. «¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a gran escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?»  Si (  ) No (  )  

Las preguntas se refieren a las diferentes escalas de minería que están amenazando al Chocó Andino, y el Consejo Nacional Electoral fue claro al mencionar que debían hacerse por separado para dar la oportunidad a los electores de decidir en cada uno de los escenarios.

Actores que se ven perjudicados por las actividades mineras en el Chocó Andino

Se conoce que, de forma directa, las actividades mineras pueden perjudicar a aproximadamente 18.000 habitantes de las 6 parroquias rurales de Quito, ya que la minería. Además de utilizar el agua de los ríos para su trabajo de extracción, requiere de la construcción de carreteras, uso de maquinaria pesada, deforestación de los bosques y el ingreso de personas de la ciudad a las comunidades. Las afectaciones directas son a los medios de vida tradicionales, como la agricultura, la comercialización de productos agroecológicos como plátanos, naranjas, limones, yuca, mandarinas, café, cacao y caña, esta última sirve para elaborar panela, que llega a mercados internacionales; o el turismo de naturaleza (Montaño, 2023). Los problemas indirectos asociados con el ingreso de gente que no pertenece a las comunidades, son problemas sociales como alcoholismo, prostitución y violencia (OCMAL, 2015).  

De forma indirecta también se pueden señalar cerca de 3 millones de habitantes del norte de Quito, especialmente, ya que las fuentes de agua de la ciudad provienen de los bosques del noroccidente. En esta zona se encuentran cinco cuencas hídricas que abastecen y benefician al menos a 20 mil personas locales y en la ciudad. El caudal de agua que se produce en el Chocó Andino es de 291.856 litros de agua por segundo (Montaño, 2023). 

La biodiversidad también se ve afectada de forma directa, y con ellos tenemos que incluir a los derechos de los animales, especialmente de los animales silvestres, a un ecosistema sano donde puedan reproducir sus vidas. El Chocó Andino es considerado un ‘hotspot’ de biodiversidad y dentro de su territorio se esconden centenas de especies de flora y fauna:

• 150 especies de mamíferos,

• 700 especies de aves,

• más de 3 200 especies de flora,

• 40 especies de reptiles,

• 140 especies de anfibios (Montaño, 2023)

El patrimonio cultural de la provincia también se ve afectado porque se hallaron en la misma zona al menos 320 sitios arqueológicos de la cultura precolombina Yumbo (Montaño, 2023), los cuales estaban empezando a ser destruidos por el ingreso de la maquinaria minera . 

Finalmente, el planeta entero se ve afectado por la emisión de gases de efecto invernadero que se liberarían a la atmósfera por la deforestación de estos bosques que cada año capturan al menos 266.00 toneladas de carbono (Montaño, 2023).